(SM / RB) Hay quien acusa a la Comunidad de Madrid de boicotear las ayudas al alquiler impulsadas por la ministra de Vivienda Carme Chacón, a través de la ya famosa Renta Básica de Emancipación.

Sólo en el primer mes de esta medida, hasta el 2 de febrero, se habían resuelto favorablemente 1.932 de estas solicitudes en toda España. A día de hoy, más de un més después, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha reconocido el derecho a recibir la ayuda de 210 euros al alquiler a sólo 45 jóvenes de la región, todos de ellos, además, trabajadores por cuenta propia.

Según fuentes de la Consejería de Vivienda que dirige Ana Isabel Mariño, "por el momento la Comunidad sólo puede estudiar las solicitudes de los autónomos, pues de sus ingresos en los últimos seis meses sí tiene datos la Agencia Tributaria". Por contra, señalaron desde Vivienda, "de los asalariados sólo hay información de la última declaración de la Renta, y lo que este departamento necesita es información de los úlitmos seis meses".

Por ello, la consejería ha remitido a todos los asalariados que habían solicitado la ayuda una carta en la que pide que entreguen "un certificado de haberes del año en curso", lo que está retrasando la aceptación de las peticiones.

En principio, la información de la Agencia Tributaria tendría que estar disponible a través de un sistema informático creado por el Ministerio de Vivienda, impulsor de esta medida, aunque en Madrid la herramienta está generando problemas. Extrañamente, esto no está siendo así en otras comunidades.

Hasta el 10 de marzo, alrededor de 26.000 jóvenes de la Comunidad de Madrid habían solicitado la prestación de 210 euros. La Comunidad ya trabaja en más de 18.000 de ellas.

El lunes ya se habían resuelto 485 solicitudes, todas de autónomos, de las que sólo 45 son positivas. El resto se han rechazado porque los solicitantes no cumplían los requisitos, en muchos casos porque su nivel de ingresos era superior a los 22.000 euros brutos anuales, tope máximo permitido.

Por otra parte, el subdirector general de Adjudicaciones y Apoyo al Ciudadano ha remitido unas 7.300 cartas a jóvenes para que presenten el certificado de haberes.

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